El objeto principal de esta Ley es prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales.
Con la aprobación de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y el Reglamento que la desarrolla parcialmente (RD 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007), se introduce en la legislación nacional el concepto de daño medioambiental, el cual incluye los daños causados al suelo, aguas, a la ribera del mar y de las rías, a especies silvestres de flora y fauna y a hábitats protegidos por normativa comunitaria.
Esta Ley obliga al establecimiento de una garantía financiera (aval o seguro) que cubra la recuperación de dicho daños potenciales para aquellas actividades incluidas en su Anexo III. Dicha garantía depende de la realización previa de un análisis de riesgos ambientales que potencialmente se puedan producir.
Para definir y monetizar dicha garantía de forma ajustada, así como para poder cuantificar el daño producido en caso de que éste se produzca, se considera imprescindible tener un conocimiento detallado del Estado Básico de Situación del suelo, aguas subterráneas, etc., en definitiva de la caracterización del entorno (medio biótico y abiótico) o el nivel de referencia para la determinación de la existencia de daños al medio ambiente.
En el caso concreto de suelos y aguas subterráneas, el estado básico mínimo al que debe llevarse la recuperación en caso de daño, será en función de los resultados del análisis de riesgos de conformidad con el Real Decreto 9/2005.
Los servicios que ofrece Tauw Iberia para la adecuación de las actividades a la Responsabilidad Ambiental son los siguientes:
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